Fue creado por la necesidad de definir un sistema que permitiera impulsar la libre circulación de profesionales sin los inconvenientes que suponía proceder a una coordinación previa de las formaciones. A diferencia de las directivas sectoriales, no se ha producido una coordinación previa de las formaciones; ello implica el examen de la formación sancionada por el título del solicitante y el que permite el acceso a la profesión correspondiente en el Estado de acogida. El sistema se basa en el principio de la confianza mutua, de forma que si un profesional está plenamente cualificado para el ejercicio de una profesión en su Estado de origen, debería ser reconocido para ejercer dicha profesión en el Estado de acogida. No obstante, en caso de existir diferencias entre las formaciones conducentes a la obtención de los títulos que facultan en cada Estado para el ejercicio de una misma profesión, se prevén mecanismos de compensación consistentes en la realización de una prueba de aptitud o de un período de prácticas profesional que deberán realizarse con carácter previo al reconocimiento del título.